El número de parados aumenta paulatinamente. La crisis que esta viviendo el país afecta a la economía y casi todos los sectores se ven afectados.

La búsqueda de un trabajo seguro se ha convertido en el objetivo de miles de españoles, que ya no buscan únicamente ganar un buen sueldo sino tener un empleo estable que les permita vivir de la mejor manera posible.

Es por ello, que la lista de personas que desean acceder a un puesto público ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Cada vez son más las personas que deciden aventurarse en el mundillo de las oposiciones; desde trabajadores, estudiantes a desempleados.

Según revela la Encuesta de Población Activa (EPA), más de tres millones de personas trabajan como empleados públicos, lo que constituye en torno a la sexta parte de la población asalariada española.

Las comunidades autónomas son las que cuentan con mayor número de funcionarios, un total de 1.639.900 trabajadores, más de la mitad del total. El incremento de este número de funcionarios autonómicos es debido al progresivo traspaso de competencias que han recibido por parte del Estado.

Ser funcionario ha sido desde siempre “una profesión” envidiada por muchos. Personal administrativo, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, son algunas de las ramas que pueden desempeñarse dentro de la administración pública.

La administración establece una serie de criterios para que todos los ciudadanos que quieran acceder a un empleo público puedan hacerlo de acuerdo a unos principios de igualdad, mérito y capacidad. Estos criterios se encuentran recogidos en las bases de la convocatoria que los ciudadanos pueden encontrar detallada en el boletín oficial correspondiente.

Mientras el número de trabajadores del sector privado ha descendido durante este último año, el de los empleados públicos ha aumentado. En concreto, 116.200 ciudadanos han pasado a ser asalariados públicos durante 2008.

De seguir así las cifras, se calcula que el gasto de personal de las administraciones públicas en 2009 ascienda a 108.365 millones de euros de los cuales 33.057 millones irán destinados a los trabajadores estatales, 55.309 millones a las comunidades autónomas y 20.000 millones a los ayuntamientos.