Las pruebas de una oposición, son limpias sin trampa ni cartón. Sin embargo, a pesar de que el procedimiento es lo más legal posible a veces hay casos en los que los opositores se revelan.

Esto ha ocurrido en Aragón, en las últimas pruebas a celador. Según he podido leer en la prensa local, un grupo de opositores, aseguran haber recogido un centenar de firmas para impugnar alrededor de veinte preguntas del examen.

La impugnación de las preguntas en una convocatoria de un organismo público, en este caso, el SALUD, se realiza de la misma manera que cualquier otro acto administrativo. Mediante un escrito predeterminado, las personas que quieren impugnar interponen un recurso a la administración pública, y luego ella determinará a qué persona debe llegarle. El procedimiento lleva un tiempo y en ocasiones puede llegar a la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Los opositores están en su derecho de impugnar si no están de acuerdo con el examen que les han puesto. El contenido del examen puede no ajustarse al temario, o ser demasiado complejo para el tipo de oposición, es en estos casos cuando los opositores unen fuerzas y hacen una reclamación colectiva.

El caso de estos opositores no es un hecho aislado, en la prensa constantemente aparecen revuelos entorno a determinados procesos de oposición. Como dice el refrán… “Cuando el río suena, agua lleva”.