En concreto, hemos tenido noticias de una resolución reciente emitida por el Defensor del Pueblo Andaluz ante una queja interpuesta por un colectivo de aspirantes a plazas de oposición para Policía Local en esta autonomía, que protestaban por el abusivo importe fijado en concepto de derechos de examen que se les obligaba a pagar.

Las convocatorias que se citaban en la denuncia aludían a las convocatorias de los gobiernos locales de poblaciones onubenses como San Juan del Puerto, El Campillo y Trigueros, donde las tasas para poder acceder a estas pruebas se situaban entre los 100 y 200 euros. Una cantidad que, según palabras del propio Defensor en su escrito, suponen una limitación real para muchas personas que pierden así sus opciones de poder encontrar un empleo en el sector público.

El representante de esta alta institución de Andalucía reconoce que en ninguno de los casos señalados se ha vulnerado la legislación vigente por parte de las corporaciones convocantes. También señala que estas recaudaciones no acabaron como ingresos en las cuentas de los ayuntamientos de Huelva citados.

Aun así insiste en la situación de injusticia social que, en la práctica, supone la obligatoriedad de este pago. Más en un momento de crisis como el actual, donde toda colaboración, en especial la de las administraciones públicas, es bienvenida para intentar paliar el problema del paro.

Por todo ello, el Defensor incita a realizar las acciones oportunas que reflejen en las ordenanzas fiscales correspondientes “la exención del pago de la tasa a las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, a las personas que figuraren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso y a las familias numerosas”.

Ojalá la iniciativa tenga la repercusión solicitada.